En Reino Unido, el juez Paul Goldspring ,de la Corte de Westminster, autorizó la extradición a México de Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, para que sea juzgada por un presunto fraude de más de 112 millones de pesos al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de esa entidad.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el día de hoy, el Juez de Distrito y Presidente de la Corte de Magistrados de Londres, Reino Unido, Paul Goldspring, determinó procedente conceder a México la extradición internacional de la señora Karime ‘N’, de conformidad con lo establecido en el tratado bilateral que ambos países tienen celebrado sobre la materia”, difundió la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A través de un comunicado la SRE menciona que el Gobierno de México aportó todas las pruebas necesarias para que Macías fuera extraditada por el delito de fraude.

“Es importante señalar que, durante el procedimiento de extradición, el Gobierno de México aportó todos los requisitos y pruebas necesarios, por lo que el día de hoy el Juez concedió a las autoridades mexicanas la extradición de la persona requerida para que sea procesada por su probable responsabilidad en el delito de fraude. Este fallo es testimonio de la excelente colaboración entre las autoridades mexicanas y británicas”, indicó la Cancillería.

El Juez Goldspring consideró que la solicitud de las autoridades mexicanas, para repatriar a la ex esposa del ex Gobernador de Veracruz, cumplía con todas las formalidades de las normas y tratados que regulan la extradición, confirmaron fuentes ministeriales.

Macías, sin embargo, no será entregada a México en lo inmediato porque va a apelar este fallo y además tiene en curso un procedimiento de solicitud de asilo político que impide repatriarla hasta que sea resuelto, cosa que no ha sucedido.

“De acuerdo con los procedimientos establecidos por ley en el Reino Unido, el Juez remitirá el expediente a la Ministra del Interior, a fin de que determine conforme a sus facultades y atribuciones si procede la extradición internacional solicitada.

“Asimismo, cabe recordar que, conforme la legislación británica, la señora Karime ‘N’ aún puede interponer un recurso de apelación, el cual igualmente se dará el debido seguimiento conforme a la ley», precisó la Cancillería mexicana.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la ex esposa de Javier Duarte tendrá 30 días para apelar la decisión de las cortes inglesas.

Karime Macías está sujeta a un juicio de extradición desde el 29 de octubre de 2019 y lo lleva en libertad gracias a que desde un principio garantizó una fianza de 150 mil libras esterlinas, hoy equivalentes a 4 millones 282 mil 500 pesos.

En noviembre pasado, Juan Antonio Nemi Dib, ex Secretario de Salud de Veracruz, compareció ante la Corte de Magistrados de Westminster para desmentir su acusación inicial contra Macías. El suyo era el único testimonio directo contra la extraditable.

Sin embargo, en los juicios de extradición, las autoridades judiciales tienen prohibido valorar las pruebas de una imputación, porque esa potestad está reconocida sólo al juez del proceso en el país requirente. Esto no impide que el extraditable las presente, como fue el caso.

La solicitud de extradición contra la imputada se basa en una orden de aprehensión girada el 25 de mayo de 2018 por Alma Aleida Sosa Jiménez, Jueza de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, por el delito de fraude específico.

De acuerdo con el expediente, el supuesto desfalco se habría llevado a cabo mediante contratos del DIF de Veracruz adjudicados entre 2011 y 2012 a seis “factureras”, por un total de 112 millones 216 mil 820.36 pesos.

Las adjudicaciones fueron para los sistemas de purificación de agua, sanitarios biodegradables, captación pluvial, artículos electrodomésticos, equipo médico, paquetes escolares, gas y productos multivitamínicos.

Contra la ex primera dama de Veracruz también existe otra orden de aprehensión por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 437 mil 635 pesos, correspondiente a los años 2011 y 2012.

Pero, a la fecha, México no ha realizado los trámites para que las autoridades británicas inicien un juicio de extradición por este expediente.

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